La alcaldesa de Gijón, señora
Moriyón, ha decidido demandar a un joven por los insultos proferidos en la red social contra
su persona. Está en su derecho la regidora y es posible que, dado el
endurecimiento de las leyes que supuso la ley mordaza impuesta por el PP, este
ciudadano reciba un riguroso correctivo (el proceso al que está sometido ya lo
es). Pero resulta evidente que si denunciásemos todos los insultos que se hacen
a través de las redes sociales los juzgados estarían colapsados. No parece,
pues, que éste sea un buen método para corregir esta lacra. Además, creo que
este hecho pertenece a aquellos que tienen la importancia que se les quiera
dar: desde ninguna como hago yo, hasta la máxima como hace la regidora.
Dicho esto, hay que añadir que,
por el contrario, el hecho protagonizado por la propia alcaldesa de prohibir un
debate político sobre el problema catalán, reviste la máxima importancia pues
es un ataque frontal, prepotente y gratuito a uno de los derechos fundamentales
de la democracia: el de la libertad de expresión y de reunión.
Gijón, 14-9-2017
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