El enésimo escándalo de
corrupción política nos azota de nuevo. Esta vez es aquí, en nuestra tierra, y
tiene como protagonista a un líder sindicalista indiscutible e indiscutido que
ejerció su poder omnímodo durante más de 30 años. Está acusado de haber
ocultado a la Hacienda Pública
1,4 millones de euros.
El hecho de haberse acogido a la
amnistía fiscal decretada por el gobierno en 2012, lo sitúa en el grupo de los
grandes defraudadores que se caracterizan por su insolidaridad e incivismo. Es
su condición de sindicalista (que le obliga a defender a los trabajadores
precisamente de las agresiones de individuos como los citados defraudadores) lo
que produce el escándalo. Está siendo investigado, además, porque hay sospechas
de que esta fortuna fue adquirida de forma ilícita.
Dando por hecho que son los
tribunales quienes han de juzgarlo, podemos, no obstante, hacer el
correspondiente análisis político para sacar conclusiones. Estas parecen
claras.
El origen de estos escándalos
hay que buscarlo en la falta de control con que actúan estos líderes. La
corrupción política surge como consecuencia de que las organizaciones, tanto
sindicales como políticas (sindicatos y partidos) no supervisan
convenientemente la actuación de sus dirigentes, lo que es aprovechado por
estos para realizar prácticas clientelares, es decir, para rodearse de
seguidores más o menos agradecidos, bien porque obtienen prebendas, bien porque
les resulta cómodo.
En una palabra, habrá que buscar
en la inhibición ciudadana de sus deberes políticos la causa de estas
corruptelas y, en definitiva, la invalidación de la democracia.
Gijón, 13-10-2014
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