De las siempre interesantes
columnas de Cosme Cuenca en este periódico, la correspondiente al día 8 de
marzo, titulada ‘Todo menos urbanismo’, merece ser retomada para destacar el
grave problema que denuncia: el increíble abuso que hacen los “titulares de
nuestra Administración”, tanto funcionarios como políticos, de la justicia
(pleitos), en sustitución de lo que deberían ser debates serios sobre los
asuntos públicos. Para ejemplarizar el caso alude al culebrón del PGO de Gijón,
pero creo que podría encontrar decenas de ejemplos.
Pero la justificada denuncia que
hace Cosme no sólo alcanza a los políticos, sino también a la propia justicia,
colaboradora necesaria de esta locura, en la medida en que las sentencias son
imprevisibles hasta el punto de que, según sus palabras, “en España se revoca
el cuarenta por ciento de ellas a mayor gloria económica del sector”.
Se puede profundizar más en esta
caótica situación a partir de un reciente artículo del abogado José Mª. Ruiz
Soroa, titulado ‘El mal derecho’, en el que revela que “el ordenamiento
jurídico español no define bien las soluciones y obliga a ir a los tribunales”,
es decir, que la enorme cantidad de pleitos que hay en España se debe a que el
fallo que va a dar un tribunal es impredecible, además de que pleitear por
motivos desviados no está sancionado.
Del Derecho español dice Soroa:
“La legislación es prolífica, precipitada, desordenada, poco cuidadosa, plural,
solapada, técnicamente descuida, volátil, declamatoria…”. Si a esto se añade
que “nuestros tribunales hacen poco por corregir ese defecto. Más bien lo
incrementan con su gusto por interpretar el ordenamiento de forma novedosa,
particular o directamente arbitrista”, podemos concluir que, si a usted,
estimado lector, cualquier desaprensivo le denuncia por algo, por muy nimio que
sea, le espera recorrer un auténtico calvario (a no ser que sea rico o poderoso).
Gijón, 8-3-2013
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