Me refiero a los actuales
gobernantes. Tal parece, por las medidas que toman, que no tienen ni idea. Lo
probaré con dos ejemplos. Reforma de la ley del aborto: resulta que se
imputa por delito a las personas que
colaboren en la interrupción del embarazo en los casos previstos, pero no a la
gestante que queda exenta. Pero ¿no es la ley igual para todos? ¿Se considera a
la mujer menor de edad, sin criterio suficiente, necesitada de tutela? Autoriza
el aborto en caso de violación, pero no en los demás casos, incluido la
malformación del feto. ¿No se está castigando aquí la culpa de la mujer por
tener relaciones sexuales consentidas, es decir, por cometer un pecado según la
doctrina de la Iglesia ?
Se deja en manos de los psiquiatras la posibilidad de autorizar el aborto en
caso de graves secuelas psíquicas para la embarazada. Pero ¿cómo puede alguien,
por muy profesional que sea, valorar las gravísimas consecuencias que, de por
vida, se derivan del hecho de tener un hijo no deseado? ¿Acaso creen que tener
un hijo es una cuestión que dura nueve meses?
El otro caso es igualmente
disparatado. Se trata de la intención del Gobierno de traspasar a los
vigilantes de seguridad de empresas privadas la misión de velar por la
seguridad pública. Aparte de la dudosa formación que puedan tener esas personas
para asumir tal responsabilidad, hay un tema mucho más grave. Es bien conocido
que en un Estado de derecho el monopolio de la violencia lo ostenta el Estado,
que es el único legitimado para ejercer la fuerza que de ello se deriva. Esto
significa que sólo los funcionarios (en este caso la policía) pueden ejercer la
potestad administrativa en nombre del Estado. En cambio, esta medida va a
permitir que servidores del interés privado (de la empresa que les paga)
gestionen la seguridad ciudadana.
Gijón, 13-1-2014
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