Según informa este periódico
(31.3.10), la Plataforma Asturiana
Religión en las Escuelas reprochó “la discriminación” y “el acoso” a los
alumnos y a la asignatura de Religión “que se lleva produciendo con la
implantación del nuevo Bachillerato LOE”. Pero, en realidad ocurre justo al
revés. Son los alumnos que no quieren hacer Religión los que resultan acosados
y chantajeados al imponérseles una asignatura, que generalmente no tiene ningún
interés, con el único fin de que los de religión no se vean penalizados por una
asignatura más.
Esta anomalía se debe a una
redacción ambigua y contradictoria de la Constitución en el
tema de las relaciones Iglesia-Estado, y fue el producto de enormes presiones
de los obispos que exigían un trato de favor para el catolicismo como religión
mayoritaria en nuestro país. Así, en el artículo 27, en su párrafo 3, se
establece que “los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los
padres para que sus hijos reciban la formación religiosa o moral que esté de
acuerdo con sus propias convicciones”. Y en el 4, que “la enseñanza básica es
obligatoria y gratuita”. De aquí se puede deducir la obligación de los centros
públicos de enseñanza para impartir clases de religión en los centros que los
padres demanden. Esta interpretación es contraria al espíritu de la Ilustración que
ilumina la democracia. Según éste, la separación entre Iglesia y Estado debe
ser total, ya que el laicismo es un bien preciado e irrenunciable de las
democracias.
Se impone, pues, cambiar la Constitución en este
punto como única solución a un conflicto crónico en asunto tan delicado como es
la educación de nuestros hijos. Dado el ambiente de confrontación total entre
los dos partidos mayoritarios, esta solución resulta a día de hoy
impracticable, por lo que se puede vaticinar que los enfrentamientos en este
ámbito van para largo.
Gijón, 2-4-2010
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