La decisión del Gobierno de
suavizar las condiciones penales del etarra De Juana -dentro de la más
escrupulosa legalidad- resulta coherente con su política encaminada a conseguir
el fin del terrorismo vasco, que lleva azotando a España desde las postrimerías
del franquismo. Las condiciones favorables a tal propósito, que se dan en la
actualidad, parecen tan claras que cualquier Gobierno que no intentara
aprovecharlas sería irresponsable.
Todos los indicios apuntan a que
hay dos facciones enfrentadas en el mundo ‘abertzale’. Un sector que, con
Otegui como cabeza visible, busca el fin de la violencia sin pagar precio
político alguno (así lo ha expresado sin ambages en sus últimas declaraciones),
enfrentado a otro sector que, o bien exigiría contrapartidas políticas o bien
no está dispuesto a renunciar a la lucha armada (como confirma el inesperado
atentado de Barajas).
Parece razonable que la política
del gobierno potencie las posiciones del primer grupo sobre el segundo; de ahí
la comentada decisión sobre De Juana. Es evidente que su muerte, como resultado
de la huelga de hambre emprendida, supondría una baza muy valiosa a jugar por
los más radicales.
Pero, al mismo tiempo, esta
medida ofrece una ocasión preciosa a los defensores de la teoría catastrofista
que practican la política de ‘cuanto peor, mejor’ como medio para conseguir el
poder. Representa para ellos un trozo de carnaza, que suponen les va a
proporcionar réditos electorales, y no lo van a soltar hasta las próximas
elecciones del 27 de mayo. Máxime teniendo en cuenta que la teoría de la
conspiración, tan arduamente elaborada desde el atentado del 11-M, se les está
viniendo abajo como un castillo de naipes en las primeras sesiones del
macro-juicio.
Gijón, 4-3-2007
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