La noticia de la decisión tomada
por numerosos colectivos de médicos de Asturias de hacer uso de la objeción de
conciencia para negarse a discriminar a los enfermos en función de su estatus
social, resulta reconfortante y esperanzadora. Y ello, en mi opinión, por dos
razones fundamentales: dejan sin efecto las inaceptables medidas del Gobierno
que penalizan a los colectivos más necesitados al privarles de un derecho
básico como es la salud, y marcan el camino de la insumisión y la rebeldía a
una sociedad que está obligada a reaccionar ante el desmantelamiento sistemático
del Estado de bienestar.
Coincide esta actitud de los
médicos con el primer aniversario del movimiento de ciudadanos indignados que,
el 15 de mayo del año pasado, salieron a la calle para evidenciar lo que nadie
parecía ver: que, tal como coreaban en uno de sus eslóganes, “Lo llaman
democracia y no lo es”.
El tiempo no hizo más que
confirmar esta denuncia. Cada vez resulta más evidente que el Estado no cumple
la función para la que fue concebido en un sistema democrático: contrarrestar
el poder económico (de los mercados), distribuir equitativamente la riqueza
para reducir las desigualdades, proteger los derechos de los más débiles, en
una palabra, avanzar hacia el logro del Estado de bienestar.
Gijón, 7-5-2012
No hay comentarios:
Publicar un comentario