La ordenanza municipal para
regular la convivencia, elaborada por el equipo de gobierno de Gijón, es un
producto típico de su ideología ultraconservadora: castiga a los más débiles e
indefensos de la sociedad. Prohíben la mendicidad y la venta ambulante, pero
cualquiera sabe que los que recurren a tales medidas son personas que tratan de
sobrevivir en un mundo tremendamente injusto que les ha colocado en el bando de
los perdedores. La propia policía, buena conocedora del tema, advierte: la
medida aumentará la delincuencia.
Saben lo que dicen. Los datos
demuestran que a mayor desigualdad, menor cohesión social y mayor criminalidad.
España, uno de los países con mayores desigualdades de renta, es también el que
gasta más en policía y seguridad. Por dar alguna cifra, el porcentaje de tal
gasto sobre el PIB en España es de 2,1%, mientras que en Noruega y Dinamarca es
de 0,9% y en Suecia de 1,3%. Las normas antibotellón y contra la prostitución
siguen la misma línea represora, con lo que no resuelven el problema sino que
lo trasladan.
En sintonía con estas medidas
están las propuestas a nivel nacional por el Gobierno del PP para anular la ley
reguladora del aborto y la que legaliza los matrimonios entre los homosexuales.
Suprimen derechos (el de hacer uso libremente del propio cuerpo) en nombre de
trasnochados prejuicios religiosos.
Gijón, 26-1-2012
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