La salud de la Constitución

El 33 aniversario de la Constitución española es un buen motivo para reflexionar sobre su estado de salud. El diagnóstico es pesimista. Hay artículos que no se cumplen, como el 35 sobre el deber y el derecho a un trabajo digno o el 20 sobre el derecho a “comunicar o recibir información veraz”, ya que la mayoría de los medios, en poder del dinero, manipulan la realidad. Otros artículos deberían ser modificados pues distorsionan la convivencia democrática, como el 16, apartado 3, que vulnera la neutralidad del Estado respecto a la Iglesia católica o el título 8 referente al estado de las autonomías. También el Senado y la ley electoral necesitan reciclarse.

Pero donde el incumplimiento resulta clamoroso es en el artículo 1, que define a España como un Estado social y democrático de Derecho. La explicación es que para que un Estado se pueda considerar como tal, ha de partir de la consideración de que los aspectos económicos condicionan el ejercicio de los derechos civiles y políticos. Si el Estado quiere ser verdaderamente un Estado de Derecho y democrático, no tiene más remedio que ser también social y renegar del laissez faire e intervenir en la economía. Primero para garantizar los derechos sociales y económicos, sin los cuales los derechos políticos y civiles serían para la gran mayoría de los ciudadanos letra muerta. Segundo, para establecer un contrapeso al poder económico, de manera que éste no pueda manipular a su antojo el juego democrático y garantizar así, aunque sea mínimamente, la objetividad del propio Estado. En una palabra, el Estado ha de intervenir activamente en el juego económico para reequilibrar la distribución de la riqueza y de la renta, y garantizar no sólo los derechos civiles y políticos, sino también los económicos. Esto hoy no se cumple.

                                                             Gijón, 6-12-2011