¿Existe alguna relación entre la
implicación de Carlos Dívar, presidente del Consejo General del Poder Judicial
y del Tribunal Supremo, en un presunto delito de malversación de dinero público
y el indulto a la funcionaria de correos, condenada a pena de cárcel e
inhabilitación para cargo público?
En mi opinión, sí, porque ambos
casos señalan la incompetencia e ineficacia con que actúa la Justicia en España.
En el primer caso, el hecho de
que el máximo representante de dicha justicia pueda haber incurrido en acciones
delictivas a la vez que trata de ocultarlas, habla por sí solo. En el caso del
indulto, resulta evidente que éste trata de enmendar el despropósito en el que
incurrieron abogados, fiscales y jueces (incluidos los del Tribunal Supremo) al
haber convertido un acto a todas luces banal -porque no hubo beneficio ni
intencionalidad alguna por parte de la cartera, ni perjuicio hacia terceros- en
acto criminal, penado con cárcel.
Son abundantes los escándalos
relacionados con la justicia, de los que los medios de comunicación se hacen
eco. Desde la sorprendente absolución del expresidente valenciano Camps, hasta
la imposibilidad para llegar hasta los últimos responsables de la tragedia del
Yacolev 42, pasando por las aparentes irregularidades del caso Urdangarín, la
paralización del proceso Gürtel o la condena a Garzón, un juez que resultaba
incómodo a sus colegas; por no hablar de los delincuentes financieros que,
habiendo llevado al país a la ruina, ni siquiera son imputados.
Todo ello pone en evidencia que
en España la justicia tiene dos varas de medir, llevando el ciudadano de a pié,
en este terreno como en otros, la peor parte.
Gijón, 3-6-2012
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