El artículo 35.1 de la Constitución española
dice textualmente: “Todos los españoles tienen el deber de trabajar y el
derecho al trabajo”. El problema que se presenta para el cumplimiento de tal artículo
surge como consecuencia de que el trabajo depende de las leyes que rigen el
mercado capitalista, las cuales no contemplan a dicho trabajo como un derecho y
no garantizan, por tanto, el pleno empleo, excluyendo a un determinado número
de ciudadanos, mayor o menor según la coyuntura económica, de dicho derecho. La
solución ideada para paliar tal contradicción consiste en que el Estado, se
haga cargo de los parados mediante el seguro de desempleo, como mal menor.
La medida adoptada por el
Gobierno de suprimir la prestación de 426 euros a los parados de larga duración
agrava aún más el incumplimiento de la norma acordada en el citado artículo 35
de la Constitución
y pone de manifiesto el disparate que se deriva de pretender solucionar la
gravísima crisis económica, provocada por el sistema neoliberal, aplicando más
neoliberalismo.
Resulta urgente que la izquierda
política, sea quien sea y esté donde esté, presente una alternativa realista y
viable a este desolador panorama.
Gijón, 4-12-2010
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