En defensa de los profesores

La Junta General del Principado aprobó en días pasados una ley por la que los profesores son investidos de autoridad pública. La razón esgrimida por los parlamentarios a favor de la ley fue la de proteger a los docentes de las agresiones de las que son víctimas por parte de alumnos desaprensivos y sus padres. “Con la aprobación de la ley se terminan años de impunidad en los que vejar, agredir, insultar, intimidar y difamar a un docente salía gratis” en palabras de sus defensores. Una treintena de enfrentamientos entre alumnos y profesores llegan cada año a los tribunales asturianos.

No sé si esta medida, justificada por la realidad descrita, va a acabar con esta situación, pero la intención es loable. Conozco el drama vivido por un docente, denunciado por un alumno de revelación de secretos que estuvo a punto de dar con sus huesos en la cárcel. De poco sirvió su ejemplar trayectoria profesional (37 años de servicio y entrega a la docencia) o que el asunto denunciado fuese nimio, ya que ni tuvo trascendencia, ni originó daño o beneficio alguno, ni siquiera hubo intencionalidad. Tan solo se dieron un cúmulo de coincidencias desafortunadas.

Pero, he aquí el verdadero problema: nadie en el camino que siguió el proceso judicial se interesó realmente por lo que estaba ocurriendo. Los profesionales que se hicieron cargo del caso se asomaban ligeramente a él y veían lo que esperaban ver: el incumplimiento de una ley que se penaba con años de cárcel. Leyes contradictorias y ambiguas que malinterpretan. El asunto se resolvió a base de dinero que era lo que, al parecer, todos buscaban, pero la justicia brilló por su ausencia. Tengo mis dudas sobre la efectividad de la ley, pero si logra evitar dramas como el expuesto, bienvenida sea.

                                                                Gijón, 7-7-2013