Un problema serio que tenemos
planteado los españoles es saber qué valores morales deben transmitirse a los
jóvenes y quién debe transmitirlos. ¿Es el Estado, son las confesiones
religiosas o las identidades nacionales? Para que un Estado esté legitimado
como democrático es necesario que los valores de sus habitantes den sentido a
los textos constitucionales y a las leyes del ordenamiento jurídico. Sobre
estos valores se fundamenta la comunidad política y deben ser transmitidos como
un legado a las generaciones futuras.
En España esto no ocurre, debido
en parte a que no participó en el triunfo de la democracia liberal tras la II Guerra Mundial,
quedando, por tanto, fuera del contexto en el que se produjo la elaboración de
las constituciones democráticas. Posteriormente, en el proceso de la Transición la necesidad
de no cometer los errores del pasado obligó a ocultar los crímenes e injusticias
del régimen franquista y a optar por un Estado aconfesional, sin atrevernos a
dar el paso a un Estado laico, a consecuencia de lo cual se articuló un sistema
educativo donde el Estado juega un papel subsidiario, es decir, que llega allí
donde falla la iniciativa privada.
Otra cuestión no menor es la
complejidad de la sociedad española que tiene en su seno distintas identidades
nacionales, lo que hace necesario crear vínculos que, superando la diversidad,
aseguren la pervivencia de la comunidad.
Pues bien, la superación de
ambos retos pasa por un republicanismo laico que dé un papel beligerante al
Estado a la hora de articular a la
Nación a través de un sistema educativo público. En todo
caso, un Estado capaz de legislar con independencia de las confesiones
religiosas, y dispuesto a implicarse activamente en el proceso educativo no
podrá hacer esta tarea de integrar a la ciudadanía si no puede garantizar los
derechos económico-sociales que son la gran conquista del siglo XX.
Gijón, 3-7-2013
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