La noticia saltó a los medios:
la fiscal y la acusación particular piden siete años y medio de cárcel para
cada miembro de una familia (padres e hija). También piden 20.000 euros de
indemnización e inhabilitación para el ejercicio de la profesión de la chica.
Motivo de la pena: la denuncia interpuesta por una vecina de la familia por
ruidos que emitía la hija, estudiante de música, cuando ensayaba en su piano.
Este hecho, insólito por sí, adquiere tintes kafkianos, cuando conocemos que el
proceso penal se prolongó desde el año 2007 hasta la actualidad, el juicio duró
cuatro días, se presentaron cerca de 2.000 folios y comparecieron 38
declarantes. Afortunadamente, la cordura logró imponerse y el juez absolvió a
los acusados, al tiempo que descalificaba a la fiscal y a la acusación: “En
este proceso se ha disparado contra todo lo que se movía por elevación y con
pólvora de rey”.
Pero éste no es un hecho aislado
como pudiera parecer. Sin llegar a estos extremos, resulta frecuente que
ciudadanos respetables se vean arrastrados a sufrir verdaderos calvarios como
consecuencia de acusaciones por cosas que, objetivamente nimias (revelación de
secretos, difamación, molestias, etc.), son elevadas a la categoría de delitos
en base a interpretaciones inverosímiles de las leyes por parte de los
profesionales del Derecho. La causa principal está, según los entendidos, en
que el ordenamiento jurídico español es una jungla en la que cabe todo tipo de
interpretaciones. Si a esto añadimos nuestra endémica picaresca y el rampante
egoísmo, entenderemos la potencial amenaza en la que vivimos el común de los
ciudadanos. Hay colectivos especialmente expuestos como el de la enseñanza o la
sanidad, pero todos sufrimos en mayor o menor grado las consecuencias. Pongo
algunos ejemplos: el Plan de Ordenación Urbana, la depuradora del Pisón, la Semana Negra
Gijón, 28-11-2013
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