La reforma que el ministro del
Interior propone para endurecer las penas a los ciudadanos que, de diversas
formas y por diversos motivos, manifiestan sus protestas, supone un paso más en
el proceso involucionista en el que estamos metidos: la destrucción del Estado
Social alcanzado en Europa a mediados del siglo pasado, generador del estado de
bienestar, y la vuelta al que se creía definitivamente superado: el liberal del
siglo XIX, el del ‘laissez faire’, el Estado gendarme, que se cruza de brazos
ante los desequilibrios y las desigualdades que se originan en el mundo
económico.
Teniendo en cuenta que los actos
violentos que puedan producir los manifestantes ya están gravemente penados por
la legislación actual, las nuevas propuestas buscan únicamente calificar la
resistencia pasiva como delito de atentado (con penas superiores a dos años de
cárcel) y equiparar la convocatoria por Internet de manifestaciones que causan
desordenes con la criminalidad organizada.
Si la desmesura y el
despropósito de estas medidas se hiciesen realidad, movimientos de ciudadanos
tales como los del 15-M, que manifiestan pública y pacíficamente su justa
indignación contra las injusticias y desigualdades que la actual política neoliberal
produce en el mundo, serían criminalizados. La intencionalidad del Gobierno es
clara: pretende paralizar por el miedo a las víctimas de esa política que está
aplicando.
Finalmente, cabe señalar la
coincidencia ideológica que inspira tanto el proyecto del PP como la que está
detrás de la Ordenanza
de la convivencia cívica propuesta por el Gobierno municipal del Ayuntamiento
de Gijón presidido por Foro, lo que deja en evidencia la similitud de ambas
formaciones políticas.
Gijón,
14-4-2012
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